La nueva estructura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Patricia Gómez Agrela, Gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).

En primer lugar, nos resulta atractiva la unión del Desarrollo Rural y la Política Forestal en el sentido de confluir medidas y propuestas de cara a una verdadera cohesión territorial, donde la contribución de lo forestal puede ser decisiva para alcanzar la recuperación de nuestros territorios y activar la economía rural a través de las actividades ligadas al monte.

Esta proximidad puede darnos una perspectiva más amplia de lo forestal, sin ceñirse únicamente a aspectos ecológicos y siendo una oportunidad para valorizar la multifuncionalidad de los bosques.

No obstante, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones y valorar objetivamente la actual estructura del Ministerio en relación a la separación entre el Medio Natural y la Política Forestal en dos direcciones generales diferentes, podemos hacer las siguientes reflexiones con la información de que disponemos:

España es de los países que menos valorizan su potencial forestal. Crecimientos anuales de 190.000 ha en superficie forestal y 50 Mm³ de madera, con aprovechamientos que no llegan a 16 Mm³ y biomasa forestal para generación de energía casi sin empezar a utilizar; un país rico en materias primas forestales de primera calidad (la mejor resina a nivel mundial, con un 27 % de aguarrás, piñón, corcho, hongos, caza y pesca…) cuya imprescindible valorización aportaría riqueza y empleo en un mundo rural con falta de expectativas.

Por consiguiente, es necesario que se integren las cadenas de valor de los productos forestales en los Programas de Desarrollo Rural, con ayudas específicas en la PAC y que sean reconocidos efectivamente en el Plan Estratégico Nacional y Marco Nacional de Desarrollo Rural (pagos por servicios ambientales, mitigación del cambio climático…) que redundan en beneficios económicos y empleo en el medio rural.

En segundo lugar, produce cierta inquietud ver que el sector forestal pierde el eje vertebrador sobre el que pivotan todas sus funciones al dividir la antigua dirección general y disgregar el Medio Natural de Política Forestal, dejando una sensación de dispersión a la hora de abordar los temas y provocando, a simple vista, una pérdida de identidad de lo forestal.

Esta desagregación de las unidades administrativas desorienta al sector y ocasiona un esfuerzo adicional por tener que localizar las competencias de cada uno, muy poco definidas por otro lado; ¿acudimos a la nueva Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal para tratar los temas de pagos por servicios ambientales?, ¿quedan bien identificados los seguros forestales y se contempla un Fondo de Catástrofes Naturales?, ¿tiene cabida el estudio de nuevas fórmulas societarias forestales tan necesarias para los pequeños propietarios privados?, ¿dónde se plantea la fiscalidad forestal y la financiación de montes?, ¿quién desarrolla el Plan Estratégico Forestal anunciado por el Ministro? Y el desarrollo de la biomasa, tan estratégico en estos momentos, ¿solo se trataría en el Plan de Fomento de las energías renovables? E igualmente con todos los temas que se derivan de la Ley 43/2003, de Montes.

Sin embargo, habría que dirigirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural para todo lo relacionado con la biodiversidad y la naturaleza (conservación y gestión de la Red Natura 2000 en terrenos forestales, ENP, especies protegidas, especies exóticas invasoras) y a la Oficina de Cambio Climático en lo relativo a los derechos de emisiones, mercados de carbono, sumideros…). Por cierto, ¿se pone en marcha la creación del Fondo de Carbono aprobado en RD 1494/2011, de 24 de octubre?

Por no hablar de la caza y la pesca, que de nuevo no se sabe quién en la Administración General del Estado tiene que coordinar lo relativo a estos sectores de gran importancia (económica y social) en el medio rural y en la conservación de las especies silvestres.

Incluso parece que para los temas de sanidad forestal y selvicultura productiva entran en juego otras direcciones generales (las de “Sanidad y Producción Agraria” y “Producciones y Mercados Agrarios”), diluyéndonos con los sectores agrícola y ganadero y entrando en aparente competencia con sus respectivos productos por abrirnos camino en este amplísimo mundo de lo rural.

Con este escenario, parece cada vez más difícil lograr la armonización entre diferentes direcciones generales que se solapan en sus competencias y cuya separación también dificulta, en principio, la coordinación entre las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado.

De esta forma, la Gestión Forestal Sostenible, causa de nuestra razón de ser y base sobre la que apoyamos todas nuestras decisiones, pierde unidad e integridad y queda desmembrada al repartirse entre tantas direcciones generales, tratándose lo económico por un lado, lo social no se sabe muy bien por dónde y lo ambiental por otro, como consecuencia de no seguir bajo las mismas directrices y el mismo criterio. Pero el actor que debe poner en práctica todas las políticas es uno: el selvicultor, ya sea privado o público; las políticas que no tengan en cuenta esto no se podrán poner en práctica o estarán abocadas a continuar con el abandono de la gestión de nuestros montes, que negros escenarios nos pueden traer.

Todo ello parece chocar con las nuevas propuestas de la UE en materia de política de cohesión para el periodo 2014- 2020, que con su visión territorial para la aplicación de los fondos exigirá una mayor y mejor colaboración entre todas las administraciones y entre los distintos departamentos de cada administración, simplificando los procedimientos.

Para finalizar, aprovechamos la ocasión para solicitar la continuidad de herramientas que ya están puestas en marcha y han demostrado ser de mucha utilidad, como es la Red Rural Nacional.

Asimismo, pedimos recuperar otras como el antiguo Consejo Nacional de Bosques, órgano consultivo y de coordinación de la política forestal española que sirve como instrumento de participación de todas las partes interesadas en la planificación y la organización del sector forestal, según recoge el artículo 10 de la Ley de Montes de 2003.

Otros aspectos a tener en cuenta por su gran repercusión en el sector y sobre los que hay que incidir para conseguir su desarrollo son el RD 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial, y los Artículos 89 Capacidad de absorción de los sumideros españoles y 90 Compensación de emisiones de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Aunque, como hemos señalado en el comienzo, todo está por ver y esperamos que esta nueva estructura nos ayude a ser más competitivos, a valorizar todo el potencial que generan nuestros montes a través del modelo de Gestión Forestal Sostenible ampliamente reconocido. Meta alcanzable que no depende tanto de la estructura en sí como de su capacidad de coordinarse y coordinar.

Artículo completo con fotografías (páginas de la revista) “Especial Estructura Administrativa del MAGRAMA: La nueva estructura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.”