Montes, biodiversidad y desarrollo rural. Cambios en la estructura forestal de la Administración General del Estado.

Los nuevos retos que plantea la situación económica y los cambios profundos que se están realizando en todos los sectores, incluido el forestal, posiblemente han tenido una gran influencia en la decisión del Gobierno de remodelar la Administración General del Estado en este último campo, apuntando claramente hacia una integración del sector forestal en el ámbito del desarrollo rural.

La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural contempla una serie de medidas que tienen como objetivo la conservación y la gestión de los recursos naturales; muchas de ellas pueden repercutir de modo muy positivo en la revalorización y en la mejora del estado de conservación de nuestros montes. El modelo que parecía lógico aplicar favorecía que estos tres instrumentos –desarrollo rural, conservación y gestión de recursos naturales- funcionasen de forma coordinada, buscando la sinergia de los tres elementos. La decisión de vincular el sector forestal al desarrollo rural no puede por tanto verse más que como un acierto, y abre un nuevo campo de posibilidades para un sector como es el nuestro, tan necesitado de impulso. Sin embargo, la reestructuración separa, desde el punto de vista de organización de la Administración, la conservación del medio natural, que se fusiona con Calidad Ambiental, de la política forestal. Esta es una decisión difícil de entender, ya que al final parece que el resultado haya consistido en un cambio de pareja, dejando a una de las partes -la conservación- aparentemente fuera de juego.

Tanto las convenciones suscritas por España en foros internacionales que afectan al patrimonio natural en el ámbito de la biodiversidad, de la lucha contra el cambio climático o contra la desertificación como los acuerdos europeos que tienen que ver con la gestión forestal sostenible y con la conservación de los recursos genéticos forestales van en la misma dirección: la integración de políticas. Desde la conservación de la riqueza genética de nuestras especies forestales, que les permite la adaptación a condiciones ecológicas muy distintas (con especial relevancia en tiempos de cambio climático), pasando por la conservación de especies amenazadas y de los hábitats hasta llegar a la escala de paisaje, todo está relacionado. La política forestal más efectiva es la que es capaz de integrar estos elementos y de integrarse ella misma en el medio rural.

La apuesta realizada se queda a mitad del camino. La conexión del ámbito rural y el forestal va a suponer el acercamiento de posiciones que secularmente se han dado la espalda o incluso han supuesto enfrentamientos cuando el territorio supuestamente compartido no presentaba fronteras bien delimitadas. Como consecuencia de las sucesivas reformas de la PAC, las consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible han ido calando en el mundo rural. La posibilidad de captar futuros fondos europeos va a tener mucho que ver con que estas políticas de integración sean efectivas. Por tanto, el paso dado puede que vaya en una dirección de futuro, pero dejan sola una componente esencial, la conservación de la biodiversidad.

La decisión de vincular el sector forestal al desarrollo rural no puede verse más que como un acierto, y abre un nuevo campo de posibilidades para un sector como es el nuestro, tan necesitado de impulso. Sin embargo, la reestructuración separa, desde el punto de vista de organización de la Administración, la conservación del medio natural de la política forestal. Esta es una decisión difícil de entender, ya que al final parece que el resultado haya consistido en un cambio de pareja, dejando a una de las partes -la conservación- aparentemente fuera de juego.

Históricamente, desde el informe de la Junta Consultiva de Montes en el año 1855, génesis del patrimonio forestal español, hasta la legislación más reciente del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pasando por las Leyes de Montes y las que iniciaron en su momento las medidas jurídicas de protección de la naturaleza, la Administración española ha dispuesto siempre de un organismo en el que la conservación y la gestión de los montes se realizaban bajo una dirección única. Lejos de ser dos campos antagónicos, en todo momento se han entendido como complementarios, ya que no cabe pensar que se realicen actuaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad sin tener en cuenta el territorio en el que se asientan y a los responsables de su gestión. La Red Natura 2000 es sin duda la herramienta mas potente de conservación de la que se ha dotado la UE; esta y la Red de Espacios Naturales Protegidos suponen en nuestro país conjuntamente casi 14 millones de hectáreas efectivas, es decir, el 27,6 % de la superficie nacional. El 80 % de esta superficie protegida, 11,1 millones de ha, es de naturaleza forestal (informe de situación de los bosques y del sector Forestal en España de la Sociedad Española de Ciencias Forestales). La lógica y la experiencia nos dicen que potenciar la coordinación de la gestión de ambas actividades redunda en una naturaleza mejor conservada. Los bosques son reserva y refugio de la biodiversidad, y una gestión bien planificada debe tener en cuenta la valorización de los productos forestales, muchas veces no madereros, y a su vez evitar la perdida por fragmentación y erosión genética de esa otra riqueza menos tangible.

Desde hace años, técnicos de la Administración trabajan en la línea de la integración, formando equipos multidisciplinares e intentando conseguir sinergias donde tradicionalmente ha existido corporativismo y división. Es obvio que estos siguen existiendo, pero en vez de esforzarse en tender nuevos puentes parece que se opta por volar los conseguidos con un enorme y continuado esfuerzo.

Desde el punto de vista jurídico, los dos grandes ejes sobre los que gravitan las actuaciones forestales en España son la Ley de Montes y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: gestión y conservación, que parecen bascular según el signo político del gobierno de turno. Las actuaciones realizadas durante la anterior legislatura han desarrollado básicamente esta última, dotándola de elementos importantísimos, como ha sido el Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un ejemplo de políticas integradoras en el que se retratan componentes como la riqueza en espacios naturales protegidos, en ecosistemas y en especies terrestres, junto con otros como las vías pecuarias, las sanidad forestal o los incendios forestales. Es el conjunto el que hay que preservar. La decisión tomada deja bajo dos direcciones generales diferentes -es decir, dos orientaciones- estas dos normas.

En el Estado de las Autonomías, la coordinación entre los responsables últimos de la gestión -las Comunidades Autónomas- y de la Administración General del Estado es fundamental si se quiere que la maquinaria funcione. De momento, al perder la dirección única, los órganos de coordinación establecidos hasta la fecha tendrán que ser modificados.

Por tanto, se aplaude la decisión de integrar la política forestal con el desarrollo rural, aunque lo deseable hubiese sido no separar de este conjunto la conservación del medio natural. En ese sentido, sería conveniente que al menos se habilitase un órgano en el que los temas relacionados con la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible del territorio rural y el medio forestal pudiesen abordarse de forma coordinada.

Artículo completo con fotografías (páginas de la revista) “Editorial: Montes, biodiversidad y desarrollo rural. Cambios en la estructura forestal de la Administración General del Estado.”
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