La biomasa forestal: una oportunidad social, ambiental y económica.
El gobierno dispara contra las energías renovables.
La utilización de la biomasa forestal como fuente energética debe ser una prioridad para España por numerosos motivos: porque es un método de energía limpio, que no contamina, ya que las emisiones de CO2 que se producen cuando se quema son compensadas por el crecimiento de nuevas masas forestales o cultivos energéticos; porque se trata de un bien renovable, natural, localizado en nuestros montes y cuyo aprovechamiento genera puestos de trabajo en el medio rural, lo cual permite mantener poblaciones y vertebrar el territorio; porque reduce la dependencia energética exterior y, por tanto, mejora la balanza de pagos nacional; porque representa un ahorro por hogar de alrededor del 50 % de su factura energética frente a combustibles fósiles contaminantes como puedan ser el gas o el gasóleo; porque es un bien nacional que se desaprovecha en nuestros montes, al lado de casa, mientras que construimos y sufragamos con nuestros impuestos costosas infraestructuras para traer el gas o el petróleo desde miles de kilómetros, y no siempre de naciones donde se den condiciones políticas estables que aseguren el abastecimiento o donde los niveles democráticos cumplan unos mínimos exigibles.
Dicho todo esto, justo en el momento en el que la revista entraba en imprenta, el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros del viernes 27 de enero de 2012 un Real Decreto por el que paraliza las ayudas a las energías renovables. Esta medida no se aplica con carácter retroactivo a todas aquellas instalaciones que hubiesen solicitado o conseguido las ayudas antes de esta fecha. “Se suspenden temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen, también temporalmente, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos.
La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, al igual que a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.
La norma no tiene carácter retroactivo, es decir, no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación”.
Semejante desatino lo justifica el Gobierno por el momento de crisis económica y su obsesión por reducir gastos: “se pretende poner freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca un incremento continuo del déficit de tarifa”.
España ya ha pagado 420 millones de euros en derechos de emisión de gases de efecto invernadero por incumplimiento del Protocolo de Kioto. Según este acuerdo no podemos superar en un 15 % nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a lo que emitíamos en 1990. En 2010 emitimos un 37 % más. Eso se traduce en un aumento del precio de la tarifa eléctrica que cobran las compañías, con independencia de si esa energía es de origen renovable o no.
Cumplir ahora con el Protocolo de Kioto va a ser mucho más complicado y, evidentemente, costoso. Esto sí que es un gasto y no la inversión en energías renovables que puede acabar con la dependencia energética exterior del país y que crea empleo directo e indirecto muy por encima de las energías contaminantes como el petróleo, el gas o el carbón.
Nadie podía imaginar que el Gobierno de España tomase una medida tan drástica y prejudicial para las energías renovables, sin discusión previa, cuando su discurso político siempre fue en apoyo de las energías renovables y especialmente en apoyo de la biomasa forestal.
Esta medida supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en un sector en el que España es puntera a nivel internacional. Estamos exportando tecnología, experiencia y conocimiento en energías renovables y, a pesar de ello, el Gobierno cierra temporalmente las posibilidades de desarrollo en nuestro país. Una enorme incongruencia. No se crea empleo destruyendo el que existe y menos aún en un sector puntero que puede generar mucho más.
El aprovechamiento de la biomasa forestal es una oportunidad histórica de creación de empleo rural. Según la FAO, la bioenergía procura 135 nuevos empleos sostenibles por cada 10.000 habitantes, frente a los nueve empleos que genera el uso de combustibles fósiles no renovables y más contaminantes. El uso eléctrico de la biomasa genera 20 empleos por MW instalado. Según un estudio de Boston Consulting Group para Ence, cumplir con el Plan de Energías Renovables PER en la partida de biomasa para producción de electricidad crearía 15.000 empleos y proporcionaría 750 millones de euros a las arcas del Estado, que se desglosan de la siguiente manera: una contribución fiscal de 350 millones, y ahorros de 200 millones en la importación de combustibles fósiles, de 150 millones en prestaciones de desempleo y de 25 millones en emisiones de CO2.
Desde el punto de vista estrictamente forestal, potenciar el uso de la biomasa es una oportunidad para la gestión forestal. Sería necesario, en primer lugar, un aumento de los planes de ordenación y gestión, lo cual permitiría la mejora de muchos bosques que sufren graves riesgos de incendio, de plagas y de enfermedades por el abandono de su aprovechamiento tradicional. Conjugar los aprovechamientos tradicionales de otros subsectores de la madera y la conservación de la biodiversidad es una tarea fundamental de estos planes de ordenación y gestión.
Por ello, es imprescindible realizar estudios de suministro para estimar los recursos disponibles, calcular los costes de elaboración y transporte, optimizar los procedimientos de trabajo y adaptar los medios para la recogida y transporte a las condiciones españolas de estructura de la propiedad forestal, de tamaño de las explotaciones y de falta de infraestructuras forestales apropiadas. Tener garantía de suministro es básico para poder emprender la instalación de nuevas plantas de biomasa.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha calculado la disponibilidad de biomasa anual y ha llegado a la conclusión de que podemos disponer de 37,5 millones de toneladas, de los que unos 17 millones procederían del aprovechamiento de masas forestales existentes, otros 15 millones, de cultivos energéticos en terrenos forestales, y el resto, unos 5,5 millones, de cultivos energéticos en terrenos agrícolas con especies forestales.
Cuando el Gobierno de España quiera levantar la losa que ha echado sobre las energías renovables, la utilización de la biomasa tendrá muchos graves problemas que resolver para convertirse en referencia energética en España. El cuello de botella se origina, en demasiadas ocasiones, en la falta de demanda. El mercado doméstico, fundamental para su desarrollo, tiene un escaso conocimiento de las ventajas de utilizar astillas o pellets. Según el estudio Análisis del Consumo Energético del Sector Residencial en España, del IDAE, el conjunto de los hogares españoles gastan en energía cada año cerca de 17.000 millones de euros, con una media de 990 € por hogar. La energía eléctrica es la fuente más utilizada (35,1 %), seguida por el gas natural (24,9), los productos petrolíferos (22,1), las energías renovables (17,7) y el carbón (0,1). Las energías renovables se encuentran en el 11 % de los hogares y aportan el 16 % de la energía destinada al agua caliente sanitaria (ACS). El 35 % del consumo para calefacción se satisface con leñas y ramas en instalaciones que se localizan sobre todo en el medio rural. De este 17,7 % de renovables, la biomasa es la que más energía aporta, con el 94,2 %, seguida de la solar térmica (5,4) y la geotermia (0,5).
Es evidente que se ha avanzado con respecto a unos años atrás pero también lo es que aquí hay mucho margen de mejora: la comunicación vuelve a ser la clave para que se conozca y popularice su uso. En este sentido, el ejemplo de la Administración pública, con obras singulares que utilicen biomasa, o campañas televisivas que promuevan su uso podrían ser una gran ayuda para aumentar la demanda. En estos momentos todo esto parece ciencia ficción.
Si esta última es escasa por falta de conocimiento, es cierto que la oferta tampoco lo tiene fácil para emprender un nuevo proyecto. En primer lugar, la burocracia de las Administraciones públicas lastra el desarrollo de proyectos, entre otros motivos por la confusión de competencias entre ellas. Según el documento “Burocracia en instalaciones de Bioenergía”, realizado por la Dirección General de Transportes y Energía de la Comisión Europea y en el que se comparan 130 casos reales de toda Europa, en 2009, la instalación de una planta de biomasa en España requería una media de 24 meses de trámites y de cinco a siete permisos, condiciones similares a las que se daban en Polonia y Grecia. En Alemania, sin embargo, la tramitación requirió uno o dos permisos y 17 meses de espera.
En este sentido, la Alianza por la Bioenergía presentó en 2011 en Expobioenergía una serie de peticiones para promocionar el uso de la biomasa, como fueron un IVA reducido al 8 % a los biocombustibles sólidos y a los equipos de combustión de biomasa. En Austria se aplica un IVA reducido a los biocombustibles sólidos del 10 %, en Alemania, un 7 %, en Francia, un 6 %, y en el Reino Unido, un 5 %.
Esta misma alianza solicitó aplicar una tasa de 10 céntimos de euro al kg de CO2 emitido por los combustibles fósiles al estilo de Suecia, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Canadá, lo que potenciaría el uso de energías renovables.
Frente a los problemas estructurales y coyunturales se presentan también oportunidades de financiación. Una de ellas son los nuevos fondos estructurales de la UE del periodo 2014-2020. El 80 % de estos fondos deberá utilizarlos España en generar una economía baja en carbono, en invertir en I+D+i y en conseguir un aumento de la competitividad de las empresas y Administraciones públicas. En estas tres líneas puede contemplarse la producción de energía con biomasa.
La otra oportunidad la proporciona la nueva Política Agraria Comunitaria PAC, en periodo de negociación en estos momentos, al afirmar que “promoverá el suministro y el uso de fuentes de energía renovables, de restos, residuos y otras materias primas no alimentarias cuyo fin sea el de tener una bioeconomía”. Será, sin duda, otra oportunidad más para que España pueda recibir fondos por la dedicación de tierras agrícolas a la producción de cultivos forestales energéticos.
La tercera oportunidad viene del lado político y de la comunicación. 2012 es el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Al igual que 2011 fue el Año Internacional de los Bosques, con una notable repercusión mediática, 2012 será una oportunidad de resaltar las ventajas de las energías renovables, y especialmente, de la biomasa. Parece que vamos en dirección contraria.
En cuanto a los usos de la biomasa, resulta evidente que el destinado a producir calor lleva ventaja al uso para producción eléctrica. Dado el escaso rendimientode los sistemas actuales de producción de energía eléctrica con biomasa forestal (solo un 27 %), lo ideal es generar simultáneamente electricidad y calor (en torno a un 80 %) o desarrollar y utilizar nuevas tecnologías como la gasificación o la pirólisis. En este sentido, los proyectos iniciados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son una oportunidad de investigación que aumenta las posibilidades de uso de la biomasa.
Antes de la decisión del Gobierno de paralizar el desarrollo de las energías renovables quedaban muchas piedras en el camino. Ahora, el Gobierno ha cortado el camino. Es evidente que el aprovechamiento de la biomasa residual forestal y de los cultivos energéticos se presenta como un beneficio ambiental, social y económico. No hacerlo supone una irresponsabilidad y un desperdicio de oportunidades. No estamos en condiciones de permitirnos estos lujos.
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Artículo completo con fotografías (páginas de la revista) “Editorial: La biomasa forestal: una oportunidad social, ambiental y económica.” |
