Especial: En política forestal: es necesaria menos demagogia y más eficiencia.

En política forestal: es necesaria menos demagogia y más eficiencia.

Inés González Doncel, Ingeniera de Montes, U.D. de Dasometría, Ordenación de Montes y Aprovechamientos Forestales, E.U.I.T. Forestal U.P.M.

El ritmo, a veces frenético, con que en los últimos años se vienen adoptando decisiones y aprobando documentos de naturaleza forestal hace pensar que los montes son felices protagonistas de las agendas políticas. La frecuencia con que muchas se revisan, rectifican o reajustan plantea dudas sobre su efectividad.

Poco conocido por el público, pero ilustrativo de los vaivenes que sufre la política forestal, es el hecho de que en los últimos años la administración forestal de la Administración General del Estado ha cambiado tres veces de nombre: empezó siendo Dirección General de Conservación de la Naturaleza, pasó a D.G. de la Biodiversidad y en la actualidad es D.G. del Medio Natural y de Política Forestal. Más significativo aún es dónde se ha ido ubicando; inicialmente pertenecía a la Secretaría General de Medio Ambiente (hasta 2004), después pasó a la S.G. del Territorio y la Biodiversidad (2004-2008), posteriormente a la S.G. de Medio Rural (2008-2010), y desde hace pocas semanas está en la Secretaría de Estado de Cambio Climático. O piensan que los montes valen para todo o no se les acaba de encontrar el sitio. Además, en este peregrinaje ha perdido a los Parques Nacionales como compañeros de viaje. Los 14 territorios más emblemáticos de España, la mayoría eminentemente forestales, se quedan al margen del Medio Natural.

Quizá sea porque en España, como en el resto de Europa, la política forestal se considera ajena a la política medioambiental, de ahí que el sector solo considere como propios aquellos acontecimientos que incluyen el término “forestal” o “monte”. Así, los hitos forestales más reseñables en los últimos años habrían sido la elaboración de la Estrategia Forestal (1999), la aprobación del Plan Forestal Español (2002) y la promulgación de la Ley 43/2003 de Montes y su modificación con la Ley 10/2006. Sin embargo, tanto o más que por estos documentos, la política forestal española reciente se ha visto afectada por la Ley 4/89 de Conservación de la Flora y Fauna Silvestres, por la aplicación efectiva de la Directiva Hábitats, por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y por los sucesivos planes de Desarrollo Rural, cofinanciados con fondos europeos y principal fuente de financiación del medio forestal.

Me ceñiré a las iniciativas más forestales. La Estrategia logró ser un documento consensuado a escala nacional y promovió la creación del Consejo Nacional de Bosques, primer foro forestal en la historia de España con presencia de todos los sectores interesados. Es un lástima que la Ley 42/2007 lo suprimiera, pues con ello no hizo más que promover un innecesario enfrentamiento entre dos formas de ver la naturaleza, provocando recelos en vez de acercar posturas, que hubiera sido lo recomendable.

El Plan -probablemente innecesario salvo por su compromiso inversor- no llegó donde se esperaba pero comprometió a las Confederaciones Hidrográficas a invertir en restauración hidrológico forestal y estructuró y programó el trabajo de la Administración General del Estado. A raíz de él se están generando nuevos documentos que continúan configurando una parte de la política forestal española: Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales y sus correspondientes planes, Estrategia para el Aprovechamiento de la Biomasa Forestal Residual, etc.

La promulgación de una ley de montes se aplazó en exceso, así que cuando se aprobó la Ley 43/2003 de Montes ya había siete CC.AA. con normativa forestal. Este hecho, el principio de subsidiariedad que preside la política forestal europea y los 20 años transcurridos desde las transferencias forestales contribuyeron a que la Ley de Montes fuera una norma tímida que legisla poco y deja a las comunidades autónomas demasiadas puertas abiertas para que la maticen, detallen y complementen, lo que está favoreciendo situaciones chocantes. Valga de ejemplo el tamaño mínimo de monte que han fijado algunas CC.AA. con posterioridad: 1 área en Castilla-La Mancha, 10 en Aragón y 100 en Castilla-León; mientras, Europa exige al menos 50 áreas para acogerse a los fondos de desarrollo rural. La ley 10/2006 vino a modificar la Ley de Montes en aspectos significativos, pero entre sus aciertos no estuvo ni el negar al Estado la capacidad de gestionar sus propios montes ni el de prohibir el cambio de uso durante al menos 30 años en los terrenos forestales incendiados. Cualquiera que esté medianamente informado sabe que no se ha dejado de quemar ni una sola hectárea de monte gracias a esta prohibición. Son sin duda decisiones políticas, pero ni son forestales ni en nada afectan al monte.

A colación de los incendios, fenómeno que acapara la atención pública y política veraniega, los forestales seguimos lamentándonos de que la extinción continúe siendo la partida que se come los presupuestos forestales. Encontrar el equilibrio entre prevención y extinción no es fácil, pero hoy, tras dos años de los tres últimos relativamente buenos, estamos en la coyuntura perfecta para intentarlo.

Y entre las medidas preventivas, ninguna mejor que la gestión, materia en la que se ha avanzado de forma significativa aunque solo el 12% de la superficie forestal española dispone de un instrumento de gestión. La cifra la conocemos gracias al Anuario de Estadística Forestal, iniciado con el año 2006. Es probable que los datos que proporciona necesiten ser mejorados, pero el paso que se ha dado en Información Forestal es de gigante; antes no había nada.

Otro aspecto novedoso ha sido la certificación forestal, proceso incipiente hace 12 años y que hoy parece imparable. Inicialmente rechazada por sus costes añadidos, se ha convertido en la mejor aliada de la ordenación de montes, pues ha permitido que obtener beneficios del monte o cortar madera deje de verse poco menos que inmoral. El 40% de la superficie con plan de gestión está certificada, pero aún sigue sin resolverse el reto de su autofinanciación.

Las repoblaciones, impulsadas durante todo el siglo XX, sólo reaparecen en las campañas electorales. Por una cuestión de magnitudes, ya no se anuncia la superficie a repoblar sino los árboles a plantar, pero se obvian los dos mayores problemas: quién cede la superficie y de dónde se consigue la planta. Además, poco o nada se avanzará en este campo –ni en casi ningún otro que afecte a lo forestal- si no se implica y se motiva a la propiedad privada, la mayor propietaria de superficie forestal en España.

Se ha prosperado en muchos ámbitos, pero aún quedan demasiadas cosas por hacer y será más fácil progresar si en política forestal deja de primar la demagogia y se apuesta por la eficiencia. Multifuncionalidad y gestión forestal sostenible son los principios que animan la política forestal –española e internacional- pero son conceptos de naturaleza compleja y difíciles de aplicar con ponderación y equilibrio. El día que un ministro o un consejero del ramo anuncie que se ha mejorado la estabilidad de los montes, o se han reducido las emisiones de CO₂, cortando 10 ó 20 mil metros cúbicos más de madera, por poner un ejemplo, en vez de -o a la vez que- proclamar que se han declarado 10 ó 20 mil hectáreas más de espacios protegidos, por poner otro, habrán empezado a entender qué son la política forestal y la sostenibilidad. El paso siguiente, más difícil aún, es que lo entienda la sociedad. Hasta entonces seguiremos dando tumbos con una política forestal errática y poco coherente sin entender que el monte y todos sus recursos pueden ser generadores de riqueza y fuente de empleo en el mundo rural y no por ello dejar de ser el la mayor reserva de biodiversidad.

Entre tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado 2011 como el Año Internacional de los Bosques. También es año de elecciones. Miedo me da.

Se ha prosperado en muchos ámbitos, pero aún quedan demasiadas cosas por hacer y será más fácil progresar si en política forestal deja de primar la demagogia y se apuesta por la efectividad. Multifuncionalidad y gestión forestal sostenible son los principios que animan la política forestal –española e internacional- pero son conceptos de naturaleza compleja y difíciles de aplicar con ponderación y equilibrio.