La indefensión del medioambiente ante una desregulación salvaje.
Con fecha 27 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la ya famosa Ley Ómnibus).
Esta normativa, que modifica de lleno la regulación de los colegios profesionales en España, cuestiona la obligación de colegiación de determinadas profesiones, diciendo que será requisito indispensable para el ejercicio de las mismas estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente sólo cuando lo establezca una ley a escala nacional. Dicha Ley tiene que ser publicada antes de que finalice este año, aunque previsiblemente saldrá antes. Hay mucha expectativa por saber si hay profesiones de primera, profesiones de segunda o hasta de tercera clase. Además, también se cuestiona el visado en determinadas áreas profesionales, sin explicarse de forma justificada por qué unas sí y otras no, afirmando que los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las administraciones públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales está a punto de ser aprobado sin hacer referencia alguna a los trabajos medioambientales. Con esta normativa, el Gobierno no plantea mecanismos alternativos de garantías al visado, lo cual dejará sin instrumentos eficientes y especializados de control a las administraciones competentes, entorpeciendo, a la vez que encareciendo, los procedimientos de obtención de autorizaciones y licencias.
Es por ello que consideramos que el Gobierno ha hecho hasta la fecha un desarrollo tendencioso e irresponsable de la Ley sin medir las consecuencias, ya que sin el visado se va a desarticular todo un sistema de garantías. Este cambio radical de conceptos nos conducirá a una desregulación salvaje y a favorecer la práctica del intrusismo, y obedece simplemente a una mera cuestión política -insuficientemente sustentada con apariencia de índole económica.
La exigencia de un visado que permita acometer con garantías estos trabajos profesionales no es un capricho de los Colegios. Resulta fundamental para la protección del medioambiente y para la seguridad de la ciudadanía conocer la identidad del autor del trabajo y su capacidad para poder hacerlo, así como su habilitación legal. Y éste es un control necesario; no puede permitirse que personas que carezcan de la formación correspondiente realicen este tipo de tareas tan sensibles. Si esto sigue adelante, como parece, nos podremos encontrar con otros titulados universitarios, incluso con personas sin título alguno, haciendo planes de prevención de incendios forestales, estudios de impacto ambiental o repoblaciones forestales, un verdadero desbarajuste que generará
El visado resulta fundamental para la protección del medioambiente y para la seguridad de la ciudadanía conocer la identidad del autor del trabajo y su capacidad para poder hacerlo, así como su habilitación legal. Y este es un control necesario; no puede permitirse que personas que carezcan de la formación correspondiente realicen este tipo de tareas tan sensibles.
a su vez un desconcierto total en la administración, por no hablar del aumento de cargas laborales y jurídicas que se le avecinan. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el visado asegura la existencia de un seguro de responsabilidad civil profesional, de especial importancia no sólo para el autor del trabajo sino para la seguridad del cliente o consumidor. El Gobierno, con su afán liberalizador, está consiguiendo que los ciudadanos renuncien a contar con las garantías de seguridad que representa el visado colegial, el cual ha demostrado durante años su eficacia en la reparación de posibles daños y perjuicios causados gracias a la existencia del precitado seguro. Nadie duda de que la seguridad es una de las demandas más importantes de la sociedad del siglo XXI. Porque facilita a los ciudadanos otros valores esenciales: confianza, certeza, garantía, transparencia, tranquilidad, amparo, fiabilidad, legalidad, estabilidad, cohesión, innovación y progreso. Ahora bien, los profesionales que no se colegien o no visen sus trabajos deberán suscribir sus pólizas de seguro al margen de las que están garantizando los colegios profesionales con los visados, con lo que el coste de dicho seguro se incrementará sensiblemente. Y es que en la actualidad los colegiados adquieren su seguro de responsabilidad civil profesional mediante su adhesión a una póliza colectiva que ha sido fruto de las negociaciones realizadas por el colegio profesional correspondiente con las aseguradoras. La adhesión masiva de un colectivo permite a la aseguradora ofrecer una prima atractiva, lo que evidentemente no se podría ofrecer a cada profesional de forma individual. Pero a pesar de que el precio es un criterio importante a la hora de elegir un seguro, existen además otros factores, como los elevados límites de indemnización disponibles, las útiles y extensas coberturas con retroactividad ilimitada, la delimitación geográfica (ampara en toda la Unión Europea), la claridad y la transparencia en la redacción de las cláusulas del contrato de seguro, que sin lugar a dudas son también un valor adquirido con tiempo y esfuerzo en el empeño de conseguir las mejores condiciones, no sólo para garantizar el patrimonio de los profesionales, sino para avalar los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de esos profesionales. Todo lo anterior, además, se garantiza sin hacer diferencias entre un técnico con muchos años de experiencia y aquel que está recién salido de la Universidad; o según el tipo de trabajo realizado; y sin que la siniestralidad individual acarree consecuencia alguna para el técnico reclamado, pues en la masa, esa siniestralidad se diluye. Resulta evidente que los ciudadanos de hoy exigen unos servicios profesionales que faciliten, mejoren y garanticen sus niveles de seguridad y calidad de vida.
La Directiva de Servicios que ha provocado la aparición de toda esta normativa, en su artículo 16 marca una serie de principios que los Estados miembros de la Unión Europea deben respetar a la hora del acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Estos principios son: la no discriminación (no pueden existir requisitos discriminatorios por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas jurídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas); la necesidad, (se pueden establecer requisitos por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medioambiente) y proporcionalidad (el requisito deberá ser el adecuado para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo). Con todo ello, parece necesario que cualquier actividad de servicios que lleve consigo la defensa y protección de nuestro medioambiente deba estar sometida al establecimiento de requisitos, entre los que se puede contar la exigencia de una determinada cualificación profesional para poder realizarla. En esto parece que todos estamos de acuerdo. Ahora bien, si todo esto parece razonable en apariencia, nuestros dirigentes políticos lo han obviado totalmente en la Ley Ómnibus y en el Real Decreto que se está elaborando. Parece que los incendios forestales, los riesgos de avenidas, el cambio climático, la desertificación del territorio español, el estado de nuestro medio natural, la contaminación de nuestros suelos, aire y agua y la degradación de nuestro hábitat no afecta a la salud pública ni a la seguridad de las personas.
Asimismo, no debemos olvidar que los nuevos estudios reglados (derivados del proceso de Bolonia) supondrán la llegada de profesionales provenientes dediferentes países y culturas y que irán accediendo a los diferentes
El visado facilita a los ciudadanos valores esenciales: confianza, certeza, garantía, transparencia, tranquilidad, amparo, fiabilidad, legalidad, estabilidad, cohesión, innovación y progreso. Los profesionales que no se colegien o no visen sus trabajos deberán suscribir sus pólizas de seguro al margen de las que están garantizando los colegios profesionales con los visados, con lo que el coste del seguro se incrementará sensiblemente.
sectores productivos españoles. Este proceso inevitable y enriquecedor debería llevar consigo la exigencia de una mayor supervisión profesional. Lamentablemente, se está optando por la desregularización salvaje y total, y ello supondrá que “el que crea saber que se atreva a hacerlo”, sin ningún tipo de exigencia en cuanto a cualificación profesional o posesión de seguro de responsabilidad civil profesional. Dudamos de que el profesional español tenga esas mismas libertades cuando vaya al resto de Europa. Es más, ya se puede comprobar que no es ni será así, sin ir más lejos, en Portugal y en Francia, donde ejercer una profesión regulada acarrea una serie de requisitos, como no podría ser de otra forma, a pesar de tener ya su normativa adaptada a la Directiva de Servicios.
Con todo lo expuesto queda patente que el actual Gobierno nos deja tanto a nosotros como a los clientes y usuarios en una posición de total indefensión ante titulados extranjeros, y lo que es peor, ante los intrusos. A esos clientes y usuarios a los que se asegura que se pretende defender se los condena en muchos casos a tener que pleitear por los quebrantos de autores desconocidos de trabajos profesionales sin ningún seguro ni garantía.
Nos queda la esperanza de que el Gobierno también rectifique en este caso.
Junta de Gobierno del C.O.I.T.F.
El actual Gobierno nos deja tanto a nosotros como a los clientes y usuarios en una posición de total indefensión ante titulados extranjeros, y lo que es peor, ante los intrusos. A esos clientes y usuarios a los que se asegura que se pretende defender se los condena en muchos casos a tener que pleitear por los quebrantos de autores desconocidos de trabajos profesionales sin ningún seguro ni garantía.
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